La eficiente gestión de parte del Poder Judicial durante el juicio a Alberto Fujimori se ha visto ensombrecida por la lamentable resolución que da a Rómulo León una cómoda estancia en su domicilio en San Isidro. ¿Cuál es el mensaje que recibe la población peruana? ¿Por qué el juez Barreto, de pésima reputación y ligado al APRA, no logra obtener la información de los ordenadores del acusado? ¿Qué protegen? O lo peor de todo. ¿Esta data digital pondría en jaque al gobierno, incluso hasta su derrocamiento?
El Poder Judicial, con Villa Stein, parecía terminar su trágico romance con la desmaña y componenda. César San Martín le daba la imagen de ecuanimidad y vigor. Atisbos de cambio. Ahora sí podríamos empezar una reforma. Un país justo. ¡Qué va! Una vez más este poder del Estado, que goza apenas de la credibilidad nacional de un dígito, arremete contra el sentido más básico de justicia y deja en su casa al innombrable Rómulo León y a todos sus compinches libres.
Pero más allá del enojo de la población, (los que no están pendientes de la Abenciamanía de una forma morbosa) el mensaje que da el gobierno es: a mis amigos, todo; a los posibles aliados políticos el 2011 con los que tendré que negociar concesiones, la ley. Claro que me refiero a esa ley fácilmente manipulable, esa que los apristas saben malear con la destreza aprendida por años de corrupción.
Nota:
A los transportistas que están de huelga y reclaman porque las multas por matar ebrios a transeúntes y pasajeros son muy altas, que protestan porque se les quitará el brevete si acumulan puntos en contra debido a su forma de manejar criminal, que dicen que el gobierno los deje de joder en su carrera delictiva y los deje trabajar. ¿No quieren pagar multas, ni que se les quite el brevete? Fácil. Dejen de cometer brutalmente tantas infracciones y verán que no tienen que pagar ni un céntimo.
